Calidad del aire en América Latina: retos para las empresas

La Organización Mundial de la Salud estima que casi toda la población mundial respira aire que excede los límites que recomienda. En ese contexto, la calidad del aire dejó de ser un tema exclusivo de salud pública y se convirtió en un asunto de derechos humanos, regulación y gestión empresarial.

En septiembre de 2026, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, publicó el informe Derecho a respirar aire limpio: de su reconocimiento a su garantía efectiva en América Latina. El documento sostiene que respirar aire limpio es un derecho humano emergente, conexo con los derechos a la salud y a la vida, y con contenido material dentro del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible.

Un derecho emergente con efectos regulatorios

Ese derecho tiene anclajes normativos sólidos: el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Resolución 76/300 de la Asamblea General de la ONU, el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular las Opiniones Consultivas 23/17 y 32/25 y la sentencia del caso La Oroya contra Perú. Para los Estados, esto significa deberes de prevención, regulación y debida diligencia reforzada frente a los riesgos ambientales.

Qué encontró el estudio comparado

El informe de AIDA analizó a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú en tres dimensiones: la existencia de estándares de calidad del aire basados en evidencia sanitaria y científica, el funcionamiento de redes de monitoreo abiertas, interoperables y accesibles al público, y la efectividad de los mecanismos de inspección, sanción y reparación.

El panorama es heterogéneo. Los países examinados cuentan con instrumentos de regulación del aire, pero persisten brechas en la exigencia de los estándares, en la cobertura de las redes de monitoreo y en la fiscalización efectiva de las fuentes de emisión. El informe dedica atención especial a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, que suelen vivir cerca de complejos industriales y autopistas, y formula recomendaciones de política pública para avanzar hacia una protección integral del derecho.

Qué significa para las empresas

Aunque el informe se dirige principalmente a los Estados, sus implicaciones alcanzan directamente al sector privado. Cuatro consecuencias merecen atención.

Primera, los estándares de calidad del aire tienden a endurecerse. El reconocimiento del derecho a respirar aire limpio como derecho operativo obliga a los reguladores a actualizar límites de emisión conforme a evidencia sanitaria, no a conveniencia económica. Las empresas que hoy operan con márgenes de cumplimiento estrechos verán ese espacio reducirse.

Segunda, la fiscalización se profesionaliza. Las redes de monitoreo abiertas e interoperables hacen visible la contaminación en tiempo casi real. Los datos públicos permiten a comunidades, autoridades y medios identificar fuentes con precisión creciente.

Tercera, el litigio ambiental se vuelve más predecible. La sentencia de La Oroya confirma que la inacción frente a la contaminación atmosférica genera responsabilidad del Estado y deja expuestos a los operadores cuyas emisiones afectan la salud de la población. Los pasivos ambientales heredados también cuentan.

Cuarta, las comunidades vulnerables ocupan el centro del análisis. Los estándares de debida diligencia reforzada exigen evaluar la exposición de estos grupos en la gestión de riesgos ambientales de cada operación.

Una ruta práctica en cinco pasos

Para preparar a una empresa ante esta agenda, se propone la siguiente ruta.

1. Delimitar las fuentes

Identificar emisiones fijas y móviles de cada sitio y operación, incluyendo flotas, calderas, generadores y procesos productivos.

2. Construir el inventario

Cuantificar las emisiones relevantes con métodos reconocidos y establecer una línea base verificable por sitio.

3. Monitorear con datos

Instalar o integrar mediciones de calidad del aire con trazabilidad, preferentemente con datos comparables y accesibles.

4. Reducir con jerarquía

Aplicar la secuencia correcta: prevenir, reducir, tratar y solo al final compensar. La compensación de emisiones no sustituye la reducción verificada en la fuente.

5. Informar con prudencia

Publicar métodos, límites y resultados sin atribuir mejoras de salud que la evidencia no sustente.

La perspectiva MASSUSTENTABLES

La gestión de la calidad del aire se integra de forma natural en el enfoque de MASSUSTENTABLES. La plataforma MASS 360 incluye módulos de Sistema Integral de Huellas, Cumplimiento Legal y Regulatorio y Riesgos ESG, Climáticos y de Naturaleza, que permiten incorporar las emisiones atmosféricas dentro del diagnóstico y del plan de transformación de cada organización, con datos y evidencia trazable.

El programa EMPRESA ESG acompaña durante 8 meses a las empresas que quieren transformar su operación en más sustentable, con 6 fases que van del diagnóstico y la línea base a la integración contable y la mejora continua. Cumplir con la normativa y tomar decisiones con datos sustentables son pilares del programa.

Conoce el programa EMPRESA ESG: https://massustentables.com/TransformaEmpresa

Conclusión

El informe de AIDA confirma una tendencia irreversible: el aire limpio pasa de aspiración difusa a derecho exigible, con estándares basados en evidencia, monitoreo público y fiscalización real. Para las empresas de México y América Latina, anticiparse es menos costoso que reaccionar. La gestión seria de las emisiones atmosféricas, con datos verificables y jerarquía de mitigación, reduce riesgo legal y operativo y fortalece la licencia social para operar.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el derecho a respirar aire limpio?

Es un derecho humano emergente, conexo con los derechos a la salud y a la vida, reconocido en instrumentos internacionales y en la jurisprudencia interamericana, que impone a los Estados deberes de prevención, supervisión y fiscalización.

¿El informe de AIDA crea obligaciones directas para empresas?

No. El informe se dirige a los Estados, pero endurece el entorno regulatorio y de fiscalización en el que opera la industria, con efectos indirectos pero concretos.

¿Qué países comparó el estudio?

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, en estándares de calidad del aire, redes de monitoreo y mecanismos de supervisión y fiscalización.

¿Qué es La Oroya y por qué importa?

Es un caso ante la Corte Interamericana en el que Perú fue declarado responsable por la contaminación atmosférica de un complejo metalúrgico y sus efectos en la salud de la población. Marca un precedente clave sobre responsabilidad ambiental en la región.

¿Debe una empresa compensar sus emisiones atmosféricas?

La prioridad es prevenir y reducir en la fuente. La compensación, cuando aplique, exige metodología, evidencia y revisión profesional, y no sustituye la reducción verificada.

Fuentes consultadas

AIDA, Derecho a respirar aire limpio: de su reconocimiento a su garantía efectiva en América Latina, septiembre de 2026: https://aida-americas.org/es/publicaciones

OMS, Guías mundiales de calidad del aire: https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/c-who-global-air-quality-guidelines

Corte IDH, Caso La Oroya contra Perú, sentencia de 2023: https://www.corteidh.or.cr

ONU, Resolución 76/300, derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Las referencias normativas y los requisitos de cumplimiento deben validarse con asesoría profesional de acuerdo con la jurisdicción y la actividad de cada organización.